Las prepagas tuvieron otro revés en la Justicia con el segundo fallo a favor de una afiliada que presentó una cautelar para frenar los aumentos en las cuotas de enero y febrero tras la desregulación de los precios, a partir del DNU 70/2023. Se espera un aluvión de amparos luego del rechazo a la habilitación de la feria judicial para tratar estas causas.
Ambas resoluciones fueron dictadas en solo dos días por la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal n° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El beneficiario alegó que su hijo de cuatro años cuenta con certificado de discapacidad por diagnóstico de síndrome de down y realiza múltiples terapias por intermedio de la entidad demandada y que, de consolidarse dichos aumentos, se le dificultará continuar con los servicios que brinda Omint, generándole “graves perjuicios”.

En tanto, en el primer caso, la usuaria argumentó que los incrementos le generaban un estado de incertidumbre como así también “un daño actual a sus derechos al acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada”. Forns destacó el riesgo que implicaría para la mujer quedarse sin cobertura de salud a su edad, además de que la cuota de la prepaga le representaría la mitad de su jubilación (el sanatorio aumentó un 40% su plan en enero y anunció un alza del 28,5% para el próximo mes).